El problema de España ya no es la corrupción. El problema es la normalización obscena de la corrupción, la costumbre de desayunar cada mañana con una nueva cloaca institucional como quien consulta el tiempo o la clasificación de Liga. Hemos pasado del “presuntamente” al “probablemente”, y del “probablemente” al “esto huele peor que un muladar en agosto”.

Y en medio de esta ciénaga política aparece otra noticia más —otra entre decenas— sobre supuestas estructuras paralelas, pagos opacos, fontaneros de partido, facturas imaginativas y operaciones destinadas, según se investiga, a torpedear jueces, fiscales y guardias civiles que osaron acercarse demasiado al corazón del poder.

Lo nunca visto: un partido gobernante comportándose como si el Estado fuera una mezcla entre agencia de colocación, despacho de abogados y sindicato de protección mutua.

La noticia es gravísima, si se confirma. Porque aquí ya no hablamos solo de corrupción económica. Hablamos de algo mucho más profundo: del intento de contaminar el sistema inmunológico de la democracia. Cuando el poder político empieza a dedicar recursos —supuestamente— a desacreditar jueces incómodos, perseguir investigadores o intoxicar a la opinión pública, el problema deja de ser penal y pasa a ser institucional.

Es una infección del Estado.

Y ahí quiero detenerme. No en las cifras, no en las facturas, no en los nombres —que ya desfilan por las portadas como personajes recurrentes de una tragicomedia nacional—, sino en un detalle aparentemente menor y, sin embargo, revelador: el ejército digital del odio.

Porque cualquiera que haya seguido determinadas investigaciones en los últimos años recordará perfectamente el ambiente. Cada mañana aparecían hordas de energúmenos digitales insultando a jueces, fiscales, agentes de la UCO o incluso a familiares de quienes investigaban. Había un odio perfectamente sincronizado, una maquinaria de desgaste moral, una campaña permanente de demolición reputacional.

Y uno pensaba: “Aquí hay organización”. Porque la espontaneidad suele ser torpe, pero aquello tenía método, insistencia, persistencia y un tufillo industrial bastante sospechoso.

Ahora bien, si el Titanic de Ferraz —esa gigantesca nave burocrática con orquesta propagandística incluida— empieza a hundirse entre investigaciones, filtraciones y autos judiciales, surge una pregunta fascinante desde el punto de vista antropológico:

¿Cómo es posible que todavía queden fanáticos insultando gratis?

Si ya no queda dinero para repartir, si la cloaca parece drenarse sola, si el violinista toca desde la acera mientras el barco se inclina peligrosamente hacia el fondo… ¿qué impulsa a determinados individuos a seguir defendiendo lo indefendible con un fervor casi religioso?

Y aquí aparece la figura eterna de la historia política universal: el tonto útil.

Ese personaje imprescindible en cualquier sistema de propaganda. El creyente absoluto. El militante químicamente puro. El que nunca necesitó incentivo económico porque ha interiorizado el relato hasta convertirlo en identidad personal. Ya no defiende una idea: se defiende a sí mismo dentro de esa idea.

Son los mismos que hace años justificaban cualquier cosa siempre que viniera envuelta en la bandera correcta. Los mismos que reducían toda crítica a conspiración, toda investigación a lawfare y toda sospecha a fascismo. Los mismos que, mientras medio país veía cómo se acumulaban escándalos, seguían repitiendo consignas con la mirada perdida del adepto.

Y ahí recuerdo también aquella frase brutal de un viejo maestro de escuela, uno de esos profesores anteriores al coaching emocional y las pedagogías de plastilina:

“Cuando el tonto coge un camino y el camino se acaba… el tonto sigue”.

Exactamente eso.

Porque hay fanatismos que sobreviven incluso a los hechos. Hay fidelidades ideológicas que ya no dependen de la realidad. Y eso es lo verdaderamente inquietante. No la corrupción —que al final se investiga o se tapa, según la salud del sistema—, sino la degradación moral que convierte a ciudadanos normales en defensores automáticos del poder.

Conviene entender algo: una democracia puede sobrevivir a políticos corruptos. Lo que difícilmente sobrevive es a una sociedad que deja de escandalizarse por la corrupción de los suyos mientras exige pureza absoluta a los demás.

Ahí empieza la gangrena.

Y cuando la gangrena moral se instala en una nación, ya no hay juez, ni UCO, ni periodista, ni tribunal capaz de curarla fácilmente.

Porque el problema deja de estar en Ferraz.

Empieza a estar en la cabeza de demasiada gente.