REDACCIÓN - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha ocultado su rechazo a la propuesta del Gobierno central de duplicar las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos. En declaraciones este martes, Ayuso advirtió que la medida equivaldría a “acabar con los autónomos”, al agravar su carga fiscal y comprometer la supervivencia de muchos pequeños negocios en un momento ya frágil.

“No podemos aceptar un modelo que sancione el emprendimiento”, dijo Ayuso, que aseguró que esta política penaliza la iniciativa privada y provocará una “fuga imparable de actividad económica” hacia territorios con marcos más favorables.

La dirigente madrileña ha calificado la medida como una “arremetida contra quienes trabajan cada día por sacar adelante un proyecto”, advirtiendo que la subida pondría en riesgo la viabilidad de muchas actividades que apenas sobreviven con márgenes ajustados.

Un golpe directo al nervio de los autónomos

Para miles de trabajadores por cuenta propia, la propuesta de duplicar cuotas representa un golpe directo a su sostenibilidad. Muchos ya lidian con gastos elevados —alquileres, suministros, seguros, proveedores— y una pandemia que dejó secuelas económicas persistentes. Que ahora se les imponga una carga adicional podría suponer, según Ayuso, el cierre de negocios, aumento del empleo sumergido o la migración hacia actividades informales.

La presidenta madrileña insistió en que ninguna política tributaria debe “castigar al que genera empleo, al que arriesga” y exigió que antes de plantear aumentos tan agresivos se realice un diálogo profundo con las asociaciones de autónomos, pymes y comunidades autónomas.

¿Cuál es el contexto real?

No hay que olvidar que la presión fiscal sobre los autónomos ya es uno de los temas más recurrentes en el debate público. Diferencias entre comunidades, cuotas mínimas que en ocasiones superan los ingresos medios del trabajador y tributos indirectos elevan la carga global sobre este sector. En ese escenario, duplicar cuotas sería un salto drástico que muchos consideran poco realista, además de socialmente peligroso.

Desde el punto de vista político, la posición de Ayuso responde también a su enfoque económico: más allá de la defensa del emprendimiento, pretende ampliar la presión sobre el Gobierno central y reforzar en su electorado una narrativa de autonomía frente a centralismo.

Consecuencias de un aumento brusco

Cierre de actividades precarias: pequeños talleres, comercios locales o freelances podrían no sobrevivir.

Aumento de la economía sumergida: muchos podrían optar por operar sin cotizar para evitar el sobrecoste.

Desincentivo al autoempleo: nuevos emprendedores podrían abstenerse de emprender ante un marco fiscal inasumible.

Desigualdad territorial: comunidades con rebajas fiscales podrían atraer empresas y profesionales desde regiones con cargas más altas.

En definitiva

La acusación de Ayuso va más allá del reproche político. Denuncia un cambio estructural que, de aprobarse, alteraría la lógica básica de apoyo al emprendimiento y podría debilitar el tejido productivo local. En el centro queda una pregunta incómoda: ¿se querrá gravar más la actividad o al que se atreve a emprender?