Redacción Pozuelo IN - El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha elevado este jueves el tono crítico contra el equipo de gobierno local tras conocerse la orden de cese cautelar de la actividad del centro de acogida CREADE, al que el Gobierno central pretende trasladar a 400 menores migrantes no acompañados. VOX ha solicitado por registro oficial acceso al expediente completo que sustenta la medida municipal y exige explicaciones detalladas sobre por qué esta instalación ha estado funcionando sin contar con la licencia urbanística adecuada.

En un comunicado remitido a los medios, el grupo liderado por Ainhoa García Flórez acusa al PP de “usar la ley a conveniencia”, reprochando al equipo de gobierno que haya actuado solo tras la presión mediática, en lugar de velar por el cumplimiento legal desde el inicio. “Esto no es una reacción eficaz; es una respuesta tardía que deja en evidencia una preocupante falta de control sobre lo que ocurre en nuestro municipio”, ha afirmado la portavoz.

Exigen el expediente y antecedentes

La solicitud registrada por VOX recoge dos peticiones concretas. Por un lado, exigen la copia íntegra del expediente administrativo relacionado con la inspección del centro, base jurídica de la orden de cierre. Por otro, solicitan información motivada sobre cómo y por qué ha sido posible que el centro funcionara como instalación de acogida sin disponer de la licencia de uso residencial exigida por normativa.

Además, preguntan si el Ayuntamiento había recibido quejas vecinales previas y qué actuaciones, si las hubo, emprendió antes de ordenar el cierre.

Acusan al Ayuntamiento de inacción

VOX considera que el Ayuntamiento ha actuado con falta de diligencia, permitiendo que una instalación pública operara fuera del marco legal durante meses. “No es tolerable que se haya hecho la vista gorda. Los vecinos merecen saber quién ha mirado hacia otro lado y por qué”, ha insistido García Flórez, quien ha reclamado que se depuren responsabilidades.

En declaraciones contundentes, la portavoz ha afirmado que “no se puede gobernar con una doble vara de medir, ni dejar que intereses políticos o ideológicos justifiquen el incumplimiento de las normas municipales”. También ha apuntado que desde su grupo se mantendrán “vigilantes para evitar cualquier intento de sortear la legalidad con excusas buenistas”.

Críticas al Gobierno regional

En el tramo final de su intervención, la portavoz de VOX también ha dirigido críticas al Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso. “Todavía no hemos oído a la presidenta decir que los inmigrantes ilegales deben ser deportados”, ha señalado, cuestionando si “la solución del PP es trasladar el problema de un municipio a otro para que lo sufran otros vecinos”.

Escenario abierto

Mientras tanto, el centro CREADE, gestionado por el Gobierno de España y ubicado en el Paseo de la Casa de Campo, continúa su actividad. El cese cautelar ordenado por el Ayuntamiento sigue pendiente de su ejecución efectiva, y los titulares de la instalación tienen 15 días para presentar alegaciones.

El pulso político continúa. Pero lo que VOX ya ha dejado claro es que no se conformará con un simple gesto administrativo. Exige respuestas. Exige responsabilidades. Y exige, sobre todo, que la ley se aplique con el mismo rigor para todos.