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La alcaldesa reitera su oposición al posible envío de 400 menores no acompañados a Pozuelo y denuncia la falta de información oficial por parte del Ejecutivo central.
Redacción Pozuelo IN — En una rueda de prensa celebrada esta mañana, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha alzado la voz una vez más frente a lo que considera una “temeridad” por parte del Gobierno central: la posible llegada de 400 menores migrantes no acompañados al centro de recepción CREADE de la ciudad. Acompañada por el secretario general del Partido Popular de Madrid, Tejero ha anunciado que su formación presentará en el próximo Pleno una moción instando al Ejecutivo a detener el traslado y a ofrecer información “clara, oficial y urgente”.
“La situación es insostenible. No hemos recibido ni una sola comunicación formal, y los vecinos comparten nuestra inquietud”, ha afirmado. La regidora ha subrayado que el centro en cuestión ya se encuentra prácticamente al límite de su capacidad, albergando a refugiados ucranianos, subsaharianos, afganos y otras personas acogidas bajo programas de protección internacional.
El Ayuntamiento de Pozuelo ha reiterado que el CREADE fue concebido como una instalación de emergencia y que no está dotado de los recursos adecuados para atender a cientos de menores con necesidades específicas. “No reúne ni las condiciones mínimas para garantizar su protección, atención psicológica, escolarización o integración”, ha denunciado Tejero.
La alcaldesa ha insistido en que lo que se está viviendo es fruto de “una política migratoria descontrolada”, y ha criticado que los traslados solo se estén planteando en municipios gobernados por el Partido Popular. “No vamos a callarnos. Pozuelo no va a acomodarse ni a permanecer quieto ante este atropello”, ha dicho con firmeza.
En sus declaraciones, Tejero ha hecho un llamamiento al Gobierno de Pedro Sánchez para que “se siente de una vez con las comunidades autónomas y diseñe un plan de acogida justo, equitativo y transparente”. Mientras tanto, desde el consistorio se continuará reclamando explicaciones y medidas que garanticen la seguridad, la convivencia y la dignidad de todas las personas afectadas.
El debate sigue abierto, pero en Pozuelo la posición institucional es clara: solidaridad sí, pero con planificación, recursos y respeto a la autonomía local.
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