REDACCIÓN — En un contexto marcado por los altos precios del alquiler y frecuentes disputas entre arrendadores y arrendatarios, la Comunidad de Madrid ha anunciado una medida con fuerte impacto social: el servicio del Consejo Arbitral del Alquiler pasará a ser gratuito. Con ello, se suprime la tasa que hasta ahora pagaban las partes implicadas para iniciar el procedimiento de arbitraje, que ascendía a 72,60 euros. 

La iniciativa forma parte del Plan Alquila del Gobierno regional, que busca facilitar el acceso a la vivienda, reducir la litigiosidad y reforzar la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. 

¿Qué es el Consejo Arbitral del Alquiler y cómo funciona?

El Consejo Arbitral del Alquiler se constituyó en 2009 y actúa como un mecanismo alternativo a los tribunales para resolver desacuerdos entre caseros e inquilinos, tanto en viviendas como en locales y oficinas. Con esta medida, se pretende que esas discrepancias puedan resolverse de forma más ágil y menos costosa para ambas partes. 

Hasta ahora, quienes solicitaban arbitraje debían abonar un precio público de 72,60 €, algo que a partir de ahora dejará de exigirse. 

Desde su creación, el servicio ha tramitado 1.185 demandas y dictado 1.111 resoluciones, con un plazo medio de resolución de 40 días hábiles. La mayoría de los casos —un 64 %— se relacionan con impagos de renta, uno de los problemas más recurrentes en el sector del alquiler. 

Impacto esperado y contexto

Con la eliminación de la tasa, la Comunidad aspira a que más propietarios e inquilinos utilicen el arbitraje en lugar de acudir directamente a la vía judicial. Se trata de un paso que puede aliviar costes y tiempos, especialmente para quienes no cuentan con asesoramiento legal.

Desde 2024, los propietarios que alquilen sus viviendas bajo el Plan Alquila ya disfrutaban del servicio de arbitraje sin coste, una ventaja que ahora se universaliza. Además, dentro del mismo programa, los arrendadores tienen acceso a tres años de seguro gratuito por impago y un año de seguro multirriesgo para la vivienda.

La medida es bien recibida, aunque algunas voces reclaman que vaya acompañada de mejoras en los plazos y recursos del servicio arbitral, para evitar que siga siendo lenta o inaccesible para usuarios con menos medios.