REDACCIÓN - Esta normativa, que entrará en vigor a finales de abril, establece que deberá haber una distancia mínima de 300 metros entre los negocios de juegos y apuestas para tener acceso a nuevas autorizaciones, las cuales no podrán incrementarse en más de un 1% respecto a las ya existentes a fecha 31 de diciembre del año anterior. Además, no se podrá conceder más de una por localidad, salvo en la ciudad de Madrid, donde podrán ser dos como máximo.

El Decreto de planificación establece zonas de especial protección en aquellas en las que exista a menos de 100 metros de un centro educativo un salón o local de apuestas. Estos últimos estarán obligados a reforzar los controles de admisión.

Otra de las novedades respecto a la anterior regulación es que se prohíbe en estos establecimientos a sus titulares dar a sus clientes, créditos, préstamos, dinero en efectivo o cualquier otra modalidad de asistencia financiera. La limitación obedece a una razón de interés general como medida de protección a los usuarios y pretende, asimismo, una práctica del juego donde prime la responsabilidad consciente y no de manera impulsiva.

El nuevo Decreto madrileño también refleja instrucciones para impedir que los menores de edad, o a las personas inscritas en el Registro de Interdicciones, puedan hacer uso de las taquillas de apuestas hípicas.

Más inspecciones e inversiones contra ludopatías

En la Comunidad de Madrid existen cerca de 700 locales de juego autorizados para su funcionamiento, de los que 32 son bingos y 4 casinos donde hay espacios habilitados para realizar apuestas. La mayoría de estos negocios del sector se ubican en la ciudad de Madrid.

En 2020, el Gobierno autonómico activó un nuevo Plan de Inspección de accesos a locales de apuestas encaminado a un control exhaustivo del cumplimiento de la normativa del sector, así como de los accesos de usuarios y la protección de menores y colectivos vulnerables.

Además, el Ejecutivo regional aprobó, paralelamente, destinar el 0,7% de la recaudación impositiva procedente del juego para políticas de prevención y tratamiento de ludopatías, lo que supone una recaudación anual de alrededor de 1,2 millones de euros anuales.