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La Audiencia Provincial de Madrid da luz verde a la investigación del juez Peinado sobre tráfico de influencias, centrada en la cátedra de la UCM.
REDACCIÓN - La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que el proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, continúe, aunque ha reducido su alcance, según informa EuropaPress. La investigación sobre presunto tráfico de influencias y corrupción se centrará exclusivamente en la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y los contratos sospechosos asociados, dejando fuera el bloque de Globalia y el rescate de Air Europa, salvo que surjan nuevas pruebas incriminatorias.
Según el auto de los magistrados de la Sección 23, la investigación excluye de manera explícita cualquier relación con Globalia, ya que no se han presentado elementos nuevos que justifiquen su inclusión. La decisión, sin embargo, permite que el juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, continúe investigando los vínculos de Gómez con la cátedra de la UCM y otras entidades involucradas, como la UTE Innova Next, vinculada a Juan Carlos Barrabés, otro investigado. Esta empresa experimentó un notable incremento en sus relaciones con la administración pública poco después de la creación de la cátedra, lo que la audiencia considera una coincidencia significativa.
Además, los magistrados han avalado la actuación del juez Peinado, recordando que el objetivo de la investigación es esclarecer cualquier actividad sospechosa que pueda haber facilitado a Gómez ventajas indebidas. Esta investigación también cuenta con la posibilidad de abrir una nueva línea relacionada con la supuesta apropiación de un software desarrollado por la UCM.
La Audiencia Provincial defiende que la instrucción de casos de este tipo no está limitada exclusivamente a los hechos iniciales de la denuncia, sino que puede incluir cualquier conducta sospechosa identificada durante el proceso. Mientras tanto, la defensa de Gómez argumenta que se ha visto envuelta en una "causa general", a lo que la audiencia ha respondido que la investigación es legítima, dado que existe una base de sospecha racional en torno a los hechos.
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