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La Justicia respalda la sanción impuesta por el Ayuntamiento a una promotora inmobiliaria que taló un árbol de 66 años catalogado como protegido para construir 14 chalés de lujo.
Por Micaela Malaussena - Pozuelo de Alarcón vuelve a estar en el centro del debate sobre la protección del patrimonio natural. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado la sanción de 251.000 euros impuesta a Lezo Gestión Inmobiliaria por la tala de un cedro centenario protegido en la calle Santiago Maganto. La multa, impuesta en enero de 2023 por el Ayuntamiento y confirmada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº19, se convierte en un precedente histórico en la defensa del arbolado urbano de la región.
Una historia que comenzó en 2021
Todo empezó cuando la cooperativa Residencial Santiago Maganto impulsó un proyecto para levantar 14 viviendas de alto nivel en una parcela de más de 3.500 metros cuadrados en pleno centro de Pozuelo. La gestión recayó en la promotora Lezo, que pronto se encontró con un obstáculo inesperado: un cedro de 66 años, con 75 centímetros de diámetro, incluido en el catálogo de protección municipal y, por tanto, intocable.
El ejemplar estaba justo en el lugar donde debían construirse dos de los chalés. La promotora intentó convencer al Ayuntamiento para trasladarlo, alegando que sus raíces eran débiles y que su supervivencia estaba en entredicho. Pero los informes municipales descartaron cualquier problema de salud: el árbol estaba en buen estado.
La desaparición del árbol
El 29 de enero de 2022, el cedro desapareció. Según la promotora, la caída se debió a un accidente provocado por el viento. Pero la versión no convenció. La inspectora municipal lo dejó claro: ese día no hubo rachas de viento relevantes. Y, además, las marcas de rodadura de maquinaria pesada alrededor del árbol reforzaban la hipótesis de un derribo deliberado.
Dos vecinos aportaron un testimonio clave. Relataron cómo vieron entrar maquinaria por la noche y cómo, al día siguiente, los restos del árbol eran retirados discretamente de la parcela.
La defensa de la promotora
Lezo sostuvo hasta el final que se trataba de un accidente. Incluso aportó como testigo al hermano del director técnico de la obra. Pero el tribunal rechazó esa prueba por considerarla de escasa credibilidad y remarcó que existía un beneficio económico evidente: si el árbol no desaparecía, no podrían haberse construido las 14 viviendas proyectadas.
El TSJM fue contundente en su sentencia del 8 de septiembre: “las pruebas derivan en el necesario derribo intencional del árbol, descartando la caída fortuita”.
La sanción y su impacto
La cuantía de la multa, 251.000 euros, es especialmente significativa. El tribunal considera que no hay arbitrariedad, sino una evaluación basada en factores como la edad del árbol, su especie, la intencionalidad del acto y el beneficio obtenido con la construcción. Y añade una reflexión que resuena más allá del caso concreto: “la conducta nunca puede resultar rentable desde el punto de vista económico para el infractor”.
En otras palabras, la multa debía ser lo suficientemente alta como para que talar un árbol protegido nunca compense frente a los beneficios inmobiliarios.
El trasfondo humano y ambiental
El caso del cedro de Pozuelo va más allá de un expediente sancionador. Supone un recordatorio de cómo, en ocasiones, el desarrollo urbano y la protección del medio natural chocan de forma dramática. Para los vecinos que convivieron décadas con aquel árbol, el vacío que dejó en la calle Santiago Maganto no se llena con una sanción.
La sentencia, sin embargo, envía un mensaje claro: el arbolado protegido forma parte del patrimonio común de la ciudad, y su defensa no admite excepciones.
Un cierre con costes añadidos
Además de la multa, el TSJM ha impuesto a la promotora las costas procesales de la segunda instancia, que ascienden a 2.600 euros más IVA. Mientras tanto, las 14 viviendas de lujo proyectadas ya han sido vendidas, con precios que superan el millón de euros por inmueble.
El árbol no volverá, pero la resolución judicial marca un antes y un después. En Pozuelo, la memoria de aquel cedro centenario talado a destiempo quedará como advertencia y como símbolo de lo que nunca debió ocurrir.
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