ICOMEM.- Hasta la fecha el SARS-CoV-2 ha causado 68 millones de casos y 1,55 millones de muertos, además de la fractura del sistema económico y social, solo tenemos, a día de hoy, las medidas de prevención no farmacológica para romper la trasmisión. Hoy, 22 de diciembre la Comisión Europea (CE) prevé tomar su decisión sobre el permiso para poner en el mercado europeo la primera vacuna (BioNTech y Pfizer) contra el coronavirus, tras el dictamen favorable de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

En este contexto, el Comité Científico sobre la COVID-19 del Colegio de Médicos de Madrid ha elaborado un informe que contiene las principales recomendaciones sobre la vacuna frente a la COVID-19. Una de las conclusiones de este texto advierte que, pese a la alta efectividad esperada de la vacuna, se tardará mucho en conseguir la tasa estimada de población inmune necesaria para batir la pandemia.

En este sentido, el órgano asesor del ICOMEM argumenta, “hay que considerar que la vacuna no la recibirá toda la población, parte por razones técnicas, médicas, poblacionales y geográficas; que la eficacia de la vacuna en la población general será inferior a las altas tasas de eficacia que se han mostrado en los ensayos, tal y como ocurre en cualquiera otra vacuna ensayada; que la inmunidad inducida puede desvanecerse; que puede mutar el virus, hasta ahora estable y perder la eficacia de las vacunas conseguidas. Por todo ello, queda un largo camino y mucho tiempo para conseguir una vuelta a la normalidad y será imprescindible no abandonar las medidas de prevención establecidas, no frenar el desarrollo de otras vacunas; de antivirales efectivos y de otros fármacos que ayuden al control de la enfermedad”.

En referencia a la estrategia de vacunación, este Comité Científico considera que es fundamental la protección a los más débiles en orden a la mortalidad y a los más expuestos en orden a la transmisibilidad. Y puntualiza que la prioridad debe decidirse sobre criterios científicos y de equidad, considerando los ámbitos sanitario, social y económico. “Pueden establecerse estrategias que prioricen reducir la enfermedad grave y la mortalidad o reducir la transmisión del virus. Dado que las vacunas han demostrado eficacia sobre el desarrollo de enfermedad grave, pero aún desconocemos su efecto sobre la transmisión, puede ser razonable elegir la primera estrategia”.

Por tanto, concluyen que cualquier propuesta de priorización debe ser flexible y escalable debido a la incertidumbre relacionada con la evolución de la pandemia, los datos emergentes sobre seguridad y eficacia de las vacunas, y las circunstancias locales o de logística. Atendiendo a estos criterios establecen que los grupos a priorizar las vacunas frente a la COVID-19, en un primer momento, deberían de ser:

1.- Personas mayores y personas con discapacidad residentes en instituciones.
2.- Personal sanitario y socio-sanitario que atiende a personas institucionalizadas
3.- Personal sanitario de primera línea.
4.- Personas mayores de 70 años no institucionalizadas.
5.- Personas menores de 70 años con comorbilidades (enfermedades crónicas graves, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, etc.).
6.- Otros profesionales sanitarios y otros trabajadores esenciales y de industrias críticas o con dificultad para mantener distancia social.
7.-Grupos socioeconómicos vulnerables y otros de alto riesgo.

¿Qué criterios permiten elegir un tipo u otro de vacuna?
La mayoría de ensayos se han realizado en personas de 18 a 49 años aparentemente sanas y sin comorbilidades importantes. Recientemente, se han incluido también pacientes con HIV y adultos mayores de 65 años, y se están incluyendo adolescentes. Más adelante se incorporará a los niños. En el futuro, se incluirán personas con mayor riesgo de COVID-19 grave, como los que tienen comorbilidades importantes y las mujeres embarazadas.

Desde el Comité Científico sobre la COVID-19 se advierte que, dado que habrá limitaciones en la cantidad de vacunas disponible en la primera fase de vacunación, “las vacunas de mayor efectividad se deberían administrar a las personas en mayor riesgo de COVID-19 grave, para lograr en ellas una protección individual, incluso antes de conseguir la inmunidad de rebaño. También es razonable que, en la medida de lo posible, las vacunas de mejor tolerabilidad (menores reacciones locales, fiebre, etc.) se les administren a ellos. Asimismo, las vacunas de una sola dosis se deberían priorizar en las personas en riesgo de exclusión social o que, por cualquier otra razón, pueda resultar difícil captarlas para administrar una segunda dosis”.

Aspectos éticos
Por último, este documento advierte sobre la existencia de una normativa legal sobre la obligatoriedad de la vacunación en situaciones de necesidad, al tiempo que señala que es importante informar correctamente a la población sobre los beneficios en la salud individual y colectiva, así como el conocimiento de los graves riesgos sanitarios y socioeconómicos. “Desde la ética de la responsabilidad se comprende que la vacuna no se administra sólo en beneficio personal, sino también para lograr la protección de todo el entorno. Se trataría de un acto de solidaridad individual y colectivo donde cada persona vacunada protege a las demás. Este hecho, vacunarse, es de particular relevancia en el caso de los profesionales sanitarios que, aunque no exigible, es aún mayor al contribuir así con un debate público en términos prudentes y razonables como camino necesario para fortalecer la confianza social”.