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El Tribunal Supremo apunta que el email sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, salió de la Fiscalía, llegó a Presidencia del Gobierno y fue gestionado para su publicación en un medio, según el magistrado Ángel Hurtado.
REDACCIÓN - El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta filtración, ha señalado que el correo electrónico sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tuvo "salida" de la Fiscalía General del Estado (FGE) y "destino" en Presidencia del Gobierno, desde donde se habrían realizado "gestiones" para su publicación en el medio elplural.com.
El auto del juez detalla que el correo, fechado el 2 de febrero de 2024, circuló inicialmente entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto, donde se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo. Este documento, según Hurtado, llegó posteriormente a Presidencia del Gobierno y fue compartido con Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, con la intención de que lo utilizara en una intervención política el 14 de marzo.
En mensajes de WhatsApp citados en el auto, Lobato expresó dudas sobre la publicación del correo, temiendo que pareciera una filtración directa de la Fiscalía. "Porque si no parece q me la ha dado la fiscalía", escribió a las 08:44 del mismo día, seguido de otro mensaje donde señaló: "Pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser".
El magistrado destaca que, para solventar estas dudas, desde Presidencia se habrían realizado gestiones para que elplural.com publicara una versión del correo con los datos personales ocultos, que fue la que finalmente Lobato utilizó en su intervención parlamentaria.
Por estos hechos, el juez ha citado como imputados a García Ortiz (29 de enero), a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez (30 de enero), y al 'número dos' de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe (5 de febrero).
El caso subraya la posible instrumentalización de la información judicial con fines políticos, mientras el Tribunal Supremo continúa investigando el alcance de las responsabilidades.
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