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La Comunidad de Madrid estima que cada ciudadano de la región asumirá 483 euros adicionales, mientras Cataluña ahorraría 410 euros, según denuncia la consejera Rocío Albert en medio de la polémica por el pacto fiscal del Gobierno central.
REDACCIÓN — La Comunidad de Madrid ha elevado su rechazo al acuerdo de condonación de deuda impulsado por el Gobierno central, al que acusa de beneficiar unilateralmente a Cataluña en detrimento de otras regiones. Según un análisis presentado este miércoles, cada madrileño asumiría un coste extra de 483 euros al socializarse la deuda autonómica, mientras los catalanes ahorrarían 410 euros por persona. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, tildó la medida de "traje a medida" para Cataluña, fruto del pacto de gobernabilidad con Esquerra Republicana (ERC).
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Albert argumentó que el Estado no ha eliminado la deuda, sino que la ha transferido a todos los contribuyentes españoles. "Se blanquean facturas impagadas de quienes derrocharon recursos con impunidad", declaró, en referencia a los gobiernos catalanes independentistas. Además, criticó la metodología del Ministerio de Hacienda, que, según ella, "inventa tramos" para justificar cifras prometidas a ERC, penalizando a comunidades con menor endeudamiento y presión fiscal, como Madrid.
El informe presentado por la Comunidad señala que, tras la medida, Madrid perderá su posición como la región de régimen común con menor porcentaje de deuda, situándose ahora en segundo lugar tras Asturias. En términos absolutos, escalaría del cuarto al tercer puesto. "Es esperpéntico que se premie el endeudamiento irresponsable", insistió Albert, quien anunció que el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se negará a negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera cualquier propuesta que obligue a "costear las deudas de quienes buscaron romper España".
La consejera también rechazó la narrativa de "infrafinanciación" catalana, alegando que el acuerdo carece de consenso con las autonomías y responde a intereses políticos. "No hay negociación, solo imposición", subrayó, al tiempo que defendió el modelo madrileño de baja fiscalidad y gestión austera.
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